El 20 de junio de 1973, o sea, la víspera del acto racista de “Orden Nuevo” en Paris y de los enfrentamientos de los contra manifestantes de la Liga Comunista y de otras organizaciones revolucionarias francesas con la policía que protegía ese acto, el Partido Comunista Francés, convocaba a una manifestación en defensa de las libertades democráticas. La Liga Comunista (sección francesa de la IV Internacional), participó en esa manifestación también, llamando a los militantes comunistas a impedir el acto racista el día siguiente, 21 de junio.
Este artículo fue publicado en Rouge, semanario de la Liga Comunista, por esa ocasión, justo antes de que la organización trotskysta francesa fuera ilegalizada por el gobierno de Pompidou. Este artículo analiza la tendencia general a un aumento de la represión en los países de Europa capitalista y sus razones.
Entonces, el Partido Comunista Francés toca la alarma. A destiempo. Llama a defender la democracia amenazada por los giros autoritarios del poder. Sin recordar que esta democracia parlamentaria es una forma embozada de la dictadura burguesa.
Estamos de acuerdo, y en el asunto no hemos esperado las inquietudes tardías del PCF, en defender las libertades democráticas que dan al movimiento obrero mejores condiciones para organizarse y defenderse. Pero no podemos contentarnos con denunciar a la represión sin comprender las razones de su desarrollo.
Hace apenas algunos años se decía: la clase obrera se “emburguesa”. No estamos más en eso: del 67 al 71, en relación con los dos cortes precedentes de cuatro años, los conflictos sociales a escala europea se han multiplicado por tres. En el 72, hubo en Francia casi 3 millones de huelguistas, cerca de 8 millones en Italia, 1,7 millones en Gran Bretaña. En España no hay estadísticas oficiales.
Este ascenso internacional de la clase obrera organiza los mecanismos de integración social pacientemente puestos en su lugar por la burguesía. En Dinamarca, en los Países Bajos, en Alemania, las renovaciones de contratos y convenciones colectivas dan lugar a luchas violentas, a veces generalizadas. En el Japón, los trabajadores del sector público, si bien privados del derecho de huelga, han realizado una lucha violenta en ocasión del debate parlamentario del presupuesto. Viernes 13 de abril del 73, una huelga salvaje ha bloqueado las cadenas de Volkswagen en Wolfsburg, la primera después de 35 años en Volkswagen donde una huelga parecía tan impensable como dentro de una caserna.
A esta movilización continental la burguesía europea debe hacer frente. Su primer reflejo consiste en reprimir a los activistas, a las vanguardias, duramente, para rebatir a los gruesos batallones proletarios bajo el yugo de la colaboración de clase. Para hacer tragar mejor la píldora, encarga al principio, de preferencia, a sus lacayos social-demócratas, sus burócratas sindicales de servicio; de la sucia tarea: la “laborista” Barbara Castle, ministra de Trabajo, era la autora del primer proyecto de ley anti-sindical en Gran Bretaña; el “social-demócrata” alemán Willy Brandt promulga las leyes de excepción; el “socialista” belga Vranckx hizo abrir fuego sobre los huelguistas de Zwartberg.
Por todas partes la patronal, incapaz por si misma de poner orden en la fábrica, acepta o suscita un refuerzo del aparato del Estado, un papel aumentado del ejecutivo, aun si ciertos sectores de la patronal deben padecer durante el pasaje, ver sus prerrogativas cercenadas por los arbitrajes del Estado, los intereses particulares algo sacrificados a los intereses generales del capital.
Pero esta tendencia general al refuerzo del aparato del Estado, la autonomía más grande de la que puede gozar en relación a las preocupaciones inmediatas de la patronal, no se desarrolla de modo lineal, progresiva e idéntica en todos los países de Europa. Cada burguesía hace frente a una combatividad, a una forma de organización, particulares de la clase obrera. Cada burguesía hereda estructuras estatales y parlamentarias específicas.
Es por ello que el proceso general toma formas diversas en función de las relaciones de fuerza nacionales.
En el momento en que la burguesía tiene una necesidad urgente de autoridad y de poder absoluto, es justo que el movimiento obrero tome la defensa de las libertades democráticas. Es, además, el único que puede llevar de manera consecuente, hasta el final, esta lucha.
Pero llevarla hasta el final no significa hacer girar al revés la rueda de la historia, volver una muesca hacia la vieja democracia parlamentaria. Al recurrir a lo arbitrario, a la represión policial, la burguesía aporta su respuesta a la intensificación de la lucha de clase, una respuesta ofensiva.
Los trabajadores no pueden, por su parte, contentarse con una respuesta defensiva, oponer al Estado un simple revoque de la democracia parlamentaria, una restauración de sus esplendores acabados.
En la prueba de fuerza que se entabla, solo una lucha determinada por la destrucción del aparato del Estado burgués y el advenimiento de la democracia obrera permitirá romper el cerco de la represión. En cambio, toda tentativa de mantener el statu quo al precio de compromisos y diversas medidas a medias no conducirá más que tremendas derrotas, quebrando por largo tiempo el esfuerzo actual de la clase obrera europea…
Estados cada vez mas fuertes
Para contener a los trabajadores más combativos, la burguesía busca, de varios modos, instituir una especie de responsabilidad colectiva. Así los sindicatos estarían encargados de reprimir las huelgas salvajes, la mayoría silenciosa de hacer callar el cuestionamiento.
El principio no es nuevo. Todas las políticas de redistribución de rentas o políticas contractuales se inspiran en eso: una vez pasados los acuerdos, los contratos firmados, los aumentos salariales gramados; es a los sindicatos a quienes toca tarea de poner orden en las fabricas. Si son desbordados, pueden ser condenados a pesadas multas.
Esta es la razón por la cual la UBOT (Unión Belga de los Obreros del Transporte) porfiadamente rehusado reconocer y sostener la reciente huelga de los portuarios de Amberes que enturbió la social firmada por los burócratas sindicales.
Pero, más allá de estos dispositivos tradicionales las burguesías europeas han buscado reforzar, estos últimos años, su arsenal jurídico.
Luego del 68, la burguesía francesa estaba confrontada a la existencia de una vanguardia revolucionaria organizada en ascenso, aunque recia por el movimiento obrero tradicional. Quiso sacar provecho de esta división para aislar más a la vanguardia e intentar aniquilarla. Era uno de los objetivos de la ley represiva aprobada en abril de 1970. En virtud de esta ley apuntaba a reprimir “ciertas formas nuevas de delincuencia” los organizadores de las manifestaciones prohibidas son posibles de uno a cinco años de prisión los transeúntes aprehendidos en los lugares de manifestación pasibles de 3 meses a dos años de prisión; las personas reconocidas responsables estos delitos son pecuniariamente responsables de los perjuicios. Se trata de paralizar a los militantes revolucionarios colocándolos bajo la amenaza constante de una represión arbitraria. Se trata de favorecer a la autorepresión por el temor que toda provocación pueda dar pretexto a esta represión. Si el poder había tomado en la época la precaución de afirmar que esta ley no era para el movimiento obrero en cuanto tal, era evidente desde el principio, que serviría si se pretende el caso contra el conjunto del movimiento obrero. Los burócratas fingían no creer; su respuesta fue blanda; asimismo estuvieron tentados de dar una mano al poder desfilando el l° de mayo del 70 a los gritos de “los provocadores están detrás” refiriéndose ti los revolucionarios. En el 72 por primera vez, la ley se aplicó a los sindicatos de Berliez considerados responsables del hecho de que los huelguistas habían cruzado intempestivamente la cantina de los jefes.
Instituyendo la responsabilidad colectiva, la ley contra “nuevas formas de delincuencia” quiere forzar al movimiento obrero a hacer la policía en sus propias filas.
La burguesía inglesa está confrontada a un problema sensiblemente diferente. No se trata tanto, en lo inmediato, de romper una extrema izquierda todavía relativamente débil, como aniquilar desde el embrión, poner fuera-de-la-ley las luchas obreras que escapan al control de la burocracia sindical.
En la mayoría de los oficios, en Gran Bretaña la sindicalización es obligatoria. De este modo los sindicatos que practican sin límite la colaboración de clase son una conca de transmisión privilegiada de las voluntades gubernamentales. Por eso, la clase dominante británica tiende por encima de todo a que la autoridad de la burocracia sindical, pilar del orden social, no se degrade. Para convocar esta burocracia a sus deberes la ha dado de una ley, denominaca de las “relaciones industriales”, la famosa ley Carr.
Según esta ley, toda huelga puede ser suspendida de oficio durante un tiempo determinado y metida obligatoriamente al escrutinio de la base por el tribunal de las relaciones industriales instituido para juzgar los conflictos sociales. Pero corre todo, los sindicatos son considerados responsables de las actividades de sus miembros. Se trata de un verdadero chantaje a la burocracia sumida sujetar firmemente la base. En julio del 72, el gobierno quiso aplicar la ley encarcelando a cinco dirigentes sindicales de los portuarios, considerados como legalmente responsables de las huelgas salvajes.
De este modo, mas brutalmente, al llevar la recesión directamente dentro de la fábrica, la ley Carr persigue los mismos fines que la ley represiva de 1970 en el terreno político de Francia: hacer reprimir las vanguardias por la burocracia.
La tela de arana
Conscientes de los limites de estas primeras medidas, de su incapacidad para contener el ascenso generalizado de las luchas obreras, la burguesía perfecciona ya una segunda línea de defensa. Completando y poniendo al día su arsenal jurídico, creando y preparando cuerpos especiales, dotándolos de agentes más libres de sus movimientos, organizando la vigilancia y el fichaje sistemático de todo lo que se queja, hasta en sus propias filas, sí, hilo por hilo, el Estado policial teje su tela.
En agosto del 72 los portuarios y los trabajadores británicos hicieron, fracasar la ley Carr: la amenaza de huelga general, la marcha a la prisión de Pentonville, han impuesto la liberación de cinco dirigentes sindicales. Entonces, incapaz de aplicar la ley “social”, el gobierno quiere aplicar a los trabajadores la ley criminal, pura y simplemente. Para ello ha de descubrir antigüedades jurídicas.
Loss piquetes de huelga del hospital San Tomas, Londres, acaban de ser condenados en nombre de una ley medieval de 1361. Mas generalmente, el poder recurre a la ley de 1875 “sobre conspiración y la protección de la propiedad”. Esta ley permite encarcelar las personas sin que sea necesario probar que realmente cometieron el delito del que se las acusa. Basta con probar que hayan tenido la intención de hacerlo.
En Italia, donde la relación de fuerzas en las fábricas no permite a la patronal ataques frontales contra el movimiento obrero, la burguesía apunta en principio a restablecer la autoridad del Estatal, restaurar el orden político. Así el gobierno provisorio, pendiente de un hilo, débil, de Andreot (centro-derecha ha, después de todo, aprobado la ley autorizando a la policía “arrestar a toda persona que, por su comportamiento, dejaría sospechar que está en estado de cometer delitos públicos”.
Dicho de otro modo, se generaliza el delito de retención.
En Francia, gracias a la ley sobre las “libertades individuales” que nuestros compañeros de Niza, Tordjman y Piamomi han tenido el honor de inaugurar, la policía puede, antes del juicio, prohibir a los inculpados abandonar el departamento, presentarse en ciertos lugares, ver ciertas personas, conducir un automóvil!
A todo, esto, es necesario agregar el prolongamiento de la preventiva o la utilización de leyes antidroga para fines directamente políticos. Es significativo que el gobierno francés haya tomado el pretexto de tal ley para autorizar a la policía los allanamientos por la noche. El gobierno de Andreotti en Italia lo ha imitado aprobando una ley análoga el 22 de diciembre de 1972. Según esta ley Gaspari-Andreotti “cualquiera (…) que deje un local, público o privado, a disposición de quien utiliza estupefacientes, arriesga una reclusión de dos a diez años y una multa de 2 a 10 millones de liras…”. Es la puerta abierta a cualquier provocación.
Cuerpos esfeciales y agentes
Frente al alza de las luchas obreras, la burguesía ha sido llevada a rever la función de sus fuerzas de represión directa. En España, la represión brutal, militar, contra el movimiento obrero, no llega a bloquear el desarrollo de las organizaciones. Paradojalmente, esta dictadura que cuenta sobre todo con la intensidad y el vigor de la represión, no dispone de un sistema policial bien aceitado. Sin embargo, la necesidad creciente de una policía política se ha concretizado por la aparición de la brigada política social (BPS) que actúa contra las organizaciones revolucionarias, tanto en las universidades como en las fábricas.
En Gran Bretaña, la policía regular, que no está armada, se muestra cada vez más ineficaz frente a las luchas obreras.
Como es todavía demasiado temprano para hacer entrar directamente al ejército, el gobierno, conservador ha reforzado las patrullas especiales (Special Patrol Groups) originalmente creadas en el 65 por el laborista Wilson (el socialista francés Moch creó los CRS!). Estas patrullas, se han lucido particularmente asesinando a dos trabajadores pakistanos e interviniendo contra los piquetes de huelga en Londres y Hull. El gobierno de Heath ha utilizado igualmente las brigadas especiales contra los piquetes de huelga que tienden a multiplicarse en las luchas. En Francia, la gama de cuerpos de policías se han enriquecido copiosamente después de 1968: brigadas especiales contra las manifestaciones, brigadas anti-turnultos, grupos civiles anti-izquierdistas. La burguesía francesa ha sentido pasar el soplo de la revolución, y así es como ella está entre las mejores provistas en materia de represión, cuantitativa y cualitativamente.
Sin embargo, el refuerzo desmesurado de la policía corre siempre el peligro de movilizar a la opinión pública.
Además, mientras la burguesía no pueda quebrar el movimiento obrero, mientras está obligada a respetar, al menos parcialmente, su propia legalidad, la policía no tiene totalmente las manos libres. Permanece a merced del escándalo, en caso de abuso de poder. Por eso la burguesía completa su panoplia con diferentes bandas paralelas. En Francia dispone de la CFT (Confederación Francesa del Trabajo) contra el movimiento obrero, las SAO (Servicios de Acción Cívica), y los CDR (Comité de Defensa de la Republica), para la ocasión. En Italia maneja cuando se presenta la ocasión el MSI (Movimiento Social Italiano neofascista), especula con el enfrentamiento de los extremos para reforzar sus prerrogativas. En España, las tendencias más duras de la dictadura mantienen contacto con los guerrilleros fascistas del Cristo Rey.
Después del 68, el comercio de las agencias de policía privadas ha fructificado también. Sus pequeños anuncios proponiendo a los empresarios los buenos y leales servicios de militares desocupados proliferan. Tramoni, el asesino del obrero Overney en Renault, no es más que un ejemplo. El número de agencias se ha multiplicado en cinco años en Francia. En Bélgica, las tres grandes sociedades de policía privada tenían en 1970 un índice superior a los 40 millones de francos nuevos, casi el doble del presupuesto de la policía judicial. En Bélgica también, el proyecto de ley 635 sobre armas y municiones prevé que la autorización para portar armas sean acordadas a los empleadores para uso de sus presupuestos en las condiciones determinadas por el ministro de Justicia, puede ser acordada en vista de ciertos actos o limitadas a ciertos actos. Se trata ni más ni menos de armar las milicias patronales y el comentario del proyecto oficial agrega que las autorizaciones de portación de armas acordadas a los establecimientos privados (bancos, fábricas, depósitos) para sus agentes serán intercambiables.
En fin, las técnicas modernas permiten a la vigilancia policial devenir omnipresente: fichaje por millares de ciudadanos gracias a las maquinas electrónicas, controles telefónicos sistematizados, controles de todo tipo.
En Francia, Poniatowsky y Chalandon (de la mayoría gubernamental) hace poco han reconocido públicamente, quejándose, la extensión del espionaje telefónico aplicado al propio personal político burgués. En Suiza, el gobierno se vio obligado a reconocer la colocación de un dispositivo de escucha ilegal en la sala del Congreso de nuestros compañeros suizos (Liga Marxista Revolucionaria). En Italia, el jefe de los servicios de seguridad, el general di Lorenzo fue destituido en el 64 por que su manía del fichaje metódico habíase vuelto peligrosa. En cuanto a los micrófonos, que ahora en más, ya forman parte del arte de gobernar y Watergate en este asunto no es más que la punta de un gigantesco iceberg!
El complot internacional
La intensificación de las luchas de clases las empuja a desbordar el marco nacional. El desarrollo de la inmigración es un primer factor de la internacionalizacion de las luchas. En Gran Bretaña y en Alemania, los inmigrados representan el 14% de los trabajadores manuales, en Bélgica el 25%, en Francia 25%, en Suiza el 35%. Otro factor más importante aun es la aparición de firmas multinacionales que hacen indispensable, la solidaridad internacional de los trabajadores: en tanto los del taller PK de Michelin Clermont (Francia), estaban en huelga, los de Michelin, en Alemania, rechazaban las horas extras exigidas por el patrón; para defender a los 6 000 trabajadores de Akza, Países Bajos, amenazados con el despido, los de Akza en; Bélgica y Alemania se unieron en una huelga con ocupación. En fin, la vanguardia que surge lleva de golpe, en parte gracias a la IV Internacional, la lucha a nivel continental e internacional.
Contra estas tendencias, la burguesía europea se esfuerza por luchar limitando la libertad de movimiento a los militantes, multiplicando las leyes policiales contra los extranjeros y la mano de obra de los inmigrados, especulando con el racismo, sistematizando la colaboración de las fuerzas armadas, y la policia.
El compañero alemán Rudi Dutschke, lider de las luchas estudiantiles de 1968, fue expulsado de Gran Bretaña. A los dirigentes de la IV Internacional Tariq Ali, Udry, Livio Maitan, Joe Hansen les está prohibido permanecer en Francia. El compañero italiano Antonio Moscato fue expulsado de Bélgica en ocasión de una manifestación en Lieja. El compañero Ernest Mandel no puede permanecer en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Suiza. En Alemania las autoridades no han encontrado ningún otro pretexto que “la prohibición pública de ideas subversivas”. ¡Simple delito de opinión! Luego de esta medida, el editorialista liberal del semanario “Der Stern” titulo su editorial: “Sire, ¿acuerda usted la libertad de conciencia?”.
Luego del atentado de Munich durante los Juegos Olímpicos, el gobierno de Brandt propuso a los diez países de la Comunidad europea un sistema internacional de vigilancia policial y de lucha contra las organizaciones e individuos terroristas y subversivos. Este sistema comportaría un refuerzo del control de extranjeros (¿se hará llevar una medialuna amarilla sobre el pecho a los palestinos?), una ficha de policía especial para extranjeros, un certificado de no terrorismo para los viajeros llegados de países árabes, un conjunto común de información y de vigilancia respecto a los árabes y otros extranjeros sospechosos de actividades terroristas o subversivas.
Eso apunta a toda la extrema izquierda europea. El gobierno alemán además ha pasado a los actos disolviendo en mayo último al grupo maoísta KPD. Lo mismo, el gobierno francés, con la circular Fontanet que instituye un control policial minucioso de los trabajadores inmigrados, prohibiendo la organización revolucionaria vasca ETA. Lo mismo también el gobierno sueco que puso en vigor el 1° de mayo una ley antiterrorista según la cual todo extranjero puede ser expulsado o rechazado de Suecia “si existen buenas razones para pensar que pertenece o trabaja para una organización política que utiliza la fuerza, la intimidación o la coerción en sus actividades”. Una ley tan general como esa puede aplicarse a todo revolucionario, en particular a los representantes de los movimientos de liberación de las colonias portuguesas, que, prohibidos en Francia, han establecido delegaciones permanentes en Suecia. Los revolucionarios suecos pusieron la ley en ridículo al manifestar para que sea aplicada a Kissinger a su llegada, en la medida que representa un gobierno de criminales de guerra.
En fin, la colaboración militar-policial se ha vuelto corriente, especialmente en los regímenes francés y español. Los operativos comunes en la frontera son casi parte de lo habitual. Y en un mes tuvieron lugar dos maniobras comunes, marítima en Brest, terrestre en Castres. Cada vez los revolucionarios intervinieron como se debe.
El refuerzo de los dispositivos policiales no tiene nada de fatal ni de ineluctable. Expresa una necesidad de la burguesía. Pero se choca a las capacidades de resistencia, desiguales según los países, del movimiento obrero; se choca asimismo a las tradiciones democráticas de algunas fracciones de la burguesía o de la pequeña-burguesía Por ello será que no habrá una evolución insensible hacia el Estado fuerte o la dictadura. Cada paso será la conquista de una batalla. En Francia, con el golpe de Estado que llevó a De Gaulle al poder, la burguesía no ha podido franquear en el 58 un paso decisivo más que infligiendo una derrota duradera al movimiento obrero. Detrás de la “defensa de las libertades” es necesario ver toda la dimensión de la batalla, de la cual no representa más que un aspecto. Y la única defensa consecuente de las libertades, es la lucha resuelta por el triunfo de la revolución socialista, por los Estados Unidos Socialistas de Europa.
Dossier Rouge n° 209, 15 juin 1973.
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